La reforma es un claro retroceso en los derechos alcanzados en estos últimos años y no ha te tenido en cuenta la participación y opiniones de expertos y profesionales en salud mental.

 

Una de las principales críticas a la reforma es que asocia el concepto de peligrosidad con trastorno mental, de modo que una persona diagnosticada puede recibir penas más duras que la población general. Hacer esta asociación, sin rigor o prueba científica, es, además, un ataque directo sobre la labor de los profesionales que contribuyen a la recuperación de estas personas, además de alimentar el estigma contra las personas afectadas y hacer aún más difícil su integración social y laboral.

 

Además, la reforma prevé prorrogar indefinidamente la detención de las personas con trastornos mentales en un centro psiquiátrico o, incluso, en una cárcel, una situación que hace difícil su recuperación. Al contrario, probablemente agravará la patología y obstaculizará su reinserción en la sociedad.

 

Por otro lado, el Ministerio de Justicia se plantea eliminar los límites que garantizan y protegen los derechos democráticos, permitiendo discriminar no en función del delito cometido sino del diagnóstico de un trastorno. Así, podría privar de libertad a un ciudadano debido a la posibilidad de cometer un delito derivada de un diagnóstico, algo que es absolutamente imprevisible y claramente inconstitucional. Esta discriminación sobre la base de un diagnóstico también va contra la Convención de la ONU sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, firmado y ratificado por España el 3 de mayo de 2008 y, por lo tanto, de obligado cumplimiento.

 

También es grave, con la previsible desaparición de las faltas, que alguna pequeña agresión sin consecuencias ahora será delito y contribuirá a la estigmatización. Otro motivo de crítica es que después del cumplimiento de alguna medida de seguridad, la persona podrá ser sometida a seguridad vigilada, e incluso a algún tratamiento ambulatorio involuntario, una práctica que ha demostrado su ineficacia total frente al modelo comunitario. La reforma apuesta más por un modelo de vigilancia que por un modelo de recuperación.

 

Por último, no podemos olvidar que todas estas medidas y otras, basadas más en la represión y vigilancia que en la prevención, reinserción y rehabilitación, acabará teniendo un coste mucho más elevado para la administración pública.

 

Por todas estas razones, el COCARMI quiere hacer un llamamiento a la Administración de Justicia y a las personas responsables de la reforma para que rectifiquen todos aquellos aspectos relativos al tratamiento de las personas con algún trastorno mental y sepan escuchar a los profesionales que trabajan a diario con las personas afectadas, conocen sus necesidades y las mejores prácticas para el tratamiento y la integración en la sociedad sin discriminación, con los mismos derechos que el resto de la sociedad.

 

Sobre el COCARMI. El COCARMI se compone de una docena las federaciones y asociaciones que dan voz a las personas con discapacidad en Catalunya, ya sea física, intelectual, sensorial o enfermedad mental (www.cocarmi.cat). Según los últimos datos del Institut d'Estadística de Catalunya (Idescat), correspondientes a 2013, viven en Catalunya casi 514.000 personas con algún tipo de discapacidad o enfermedad mental reconocida (10 años atrás eran 308.060). El COCARMI forma parte del CERMI.